Policía Nacional capturó a cinco integrantes del Grupo Armado Organizado Ejército Gaitanista de Colombia
La Policía Nacional, a través del GAULA del Departamento de Policía Antioquia y en coordinación con la Seccional de Inteligencia Policial, desarrolló una operación de alto impacto en el marco de la ofensiva sostenida “Agamenón”, logrando desarticular un componente extorsivo del Grupo Armado Organizado Ejército Gaitanista de Colombia – Subestructura Suroeste.
El resultado se produjo mediante tres diligencias de registro y allanamiento ejecutadas de manera simultánea en Medellín, Salgar y el corregimiento de Tapartó, en el municipio de Andes, donde se efectuaron cinco capturas por orden judicial por los delitos de concierto para delinquir y extorsión.
Durante las últimas semanas, unidades especializadas del GAULA DEANT y de la Seccional de Inteligencia Policial consolidaron información estratégica sobre las dinámicas criminales de esta subestructura, identificando roles, zonas de influencia y los mecanismos de presión extorsiva aplicados a comerciantes, caficultores y ciudadanos del suroeste antioqueño.
Con base en los elementos de prueba y bajo coordinación judicial, se desarrolló la intervención simultánea en las tres localidades mencionadas, permitiendo la captura de los cinco objetivos sin afectar la integridad de la comunidad.
Los detenidos conformaban un componente focalizado de extorsión dedicado a ejercer control territorial y financiero en diferentes municipios de la subregión. Entre ellos se encuentran:
Alias “Richard” o “La Paz”: cabecilla criminal, responsable del fortalecimiento financiero de la estructura mediante el cobro sistemático de extorsiones.
Alias “La Mona”: dinamizadora de extorsiones, desplazamientos forzados y amenazas contra las víctimas.
Alias “El Flaco” o “El Zorro”: encargado de ejecutar cobros extorsivos.
Alias “La Negra”: ejecutora de cobros y presiones extorsivas.
Alias “Colitas”: integrante operativo dedicado al recaudo criminal en zonas rurales y urbanas.
Las rentas criminales generadas por este componente oscilaban entre $1.000.000 y $34.000.000 mensuales, afectando gravemente la economía legal de la región.
